Una cadena de desaciertos que obstaculizan la función del Ministerio Público es lo que hay en el caso Financial Pacific a juicio del ex Procurador de la Nación Rogelio Cruz.
Cruz destacó que el envío de cartas por parte del mandatario en donde le hace solicitudes al entonces Procurador de la Nación y hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, podría tener consecuencias legales según lo establece la Constitución Política de Panamá.
El artículo 191 de la Constitución establece que: "El Presidente y Vicepresidente de la República sólo son responsables de los casos siguientes: Por extralimitación de funciones constitucionales, Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; Por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; Por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades púbicas que establece la Constitución; Por delitos contra la Personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública”; explicó Cruz que basado en esto el envío de cartas de él al Procurador podría ser causal de un proceso político en contra del mandatario ante la Asamblea Nacional ya que el Ministerio Público está dentro de la Constitución.
El ex Procurador indicó que el accionar de la Corte Suprema de Justicia en este caso levanta suspicacia y manifestó que los tres Órganos del Estado deberían dar una explicación por este hecho.
El escándalo Financial Pacific se desató tras una publicación del diario La Prensa en la que se vincula al mandatario por supuesta utilización de información privilegiada. |
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